Las Torres de García Barbón son dos impresionantes edificios localizados en el número 62 de la calle de García Barbón, una de las arterias principales de la ciudad de Vigo. En sus bajos se ubican las instalaciones del Círculo de Empresarios de Galicia – antiguo Club Financiero –. Constan de 17 plantas y un total de 178 viviendas. La obra fue realizada por la promotora Ifer.
Su construcción fue polémica desde el principio porque no se adecuaba a la normativa urbanística vigente. Fueron declaradas ilegales en el año 1996 y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia volvió a ratificar la sentencia en 2001. Los motivos por los se adoptó esa decisión judicial fueron el incumplimiento en las alturas de la edificación – figuraban 17 en el estudio de detalle en lugar de las 16 que permitía el Plan Xeral en vigor –, la falta de la firma del secretario municipal en el acuerdo por lo que se entendía éste como no informado legalmente, y el incumplimiento de los compromisos urbanísticos para la zona.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificó el derribo de las Torres de García Barbón[1].El auto desestima un recurso que había interpuesto el Concello de Vigo contra el fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegales las construcciones, y que ordenó su derribo.
Catorce años después de su construcción, el Concello de Vigo legaliza las Torres de García Barbón para evitar el derribo ordenado por los tribunales[2]. La concesión de una nueva licencia al edificio está supeditada a la comprobación por parte de Urbanismo de que la promotora ourensana realice unas pequeñas obras de adaptación al nuevo Plan Urbanístico presupuestadas en 217.000 euros, una cantidad ínfima en comparación con los 8,7 millones del proyecto constructivo inicial y la indemnización millonaria que tendría que afrontar el Concello por haber otorgado licencia a los propietarios.
Las Torres de García Barbón nos recolocan de nuevo en el panorama de la especulación urbanística. Desde el comienzo de su construcción se iniciaron las protestas ciudadanas. La población estaba indignada por la altura de las torres, que alteraban gravemente las vistas de la ría desde otros puntos de la urbe. Toda la ciudad sabía que eran ilegales. Las noticias de la prensa hacían pensar que la construcción se detendría y que acabarían derribándolas.
El trabajo realizado es una crítica a la confabulación de los poderes fácticos de la sociedad, políticos y promotores unidos para su propio enriquecimiento.
Su construcción fue polémica desde el principio porque no se adecuaba a la normativa urbanística vigente. Fueron declaradas ilegales en el año 1996 y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia volvió a ratificar la sentencia en 2001. Los motivos por los se adoptó esa decisión judicial fueron el incumplimiento en las alturas de la edificación – figuraban 17 en el estudio de detalle en lugar de las 16 que permitía el Plan Xeral en vigor –, la falta de la firma del secretario municipal en el acuerdo por lo que se entendía éste como no informado legalmente, y el incumplimiento de los compromisos urbanísticos para la zona.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificó el derribo de las Torres de García Barbón[1].El auto desestima un recurso que había interpuesto el Concello de Vigo contra el fallo del Tribunal Supremo que declaró ilegales las construcciones, y que ordenó su derribo.
Catorce años después de su construcción, el Concello de Vigo legaliza las Torres de García Barbón para evitar el derribo ordenado por los tribunales[2]. La concesión de una nueva licencia al edificio está supeditada a la comprobación por parte de Urbanismo de que la promotora ourensana realice unas pequeñas obras de adaptación al nuevo Plan Urbanístico presupuestadas en 217.000 euros, una cantidad ínfima en comparación con los 8,7 millones del proyecto constructivo inicial y la indemnización millonaria que tendría que afrontar el Concello por haber otorgado licencia a los propietarios.
Las Torres de García Barbón nos recolocan de nuevo en el panorama de la especulación urbanística. Desde el comienzo de su construcción se iniciaron las protestas ciudadanas. La población estaba indignada por la altura de las torres, que alteraban gravemente las vistas de la ría desde otros puntos de la urbe. Toda la ciudad sabía que eran ilegales. Las noticias de la prensa hacían pensar que la construcción se detendría y que acabarían derribándolas.
El trabajo realizado es una crítica a la confabulación de los poderes fácticos de la sociedad, políticos y promotores unidos para su propio enriquecimiento.
[1]http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2010/10/18/urbanismo-legaliza-torres-garcia-barbon-evitar-derribo-ordenado-tribunales/482162.html
[2]http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2010/09/04/ts-ratifica-derribo-torres-garcia-barbon/469987.html